Apuntes sobre la politización de la justicia constitucional: Implicaciones en la democracia y el Estado de Derecho: Oswald Lara

La democracia goza de una aceptación casi global, pero presenta una serie de problemas a la hora de ponerla en funcionamiento. A pesar de ello, cada vez son más los países que se adhieren a las olas democratizadoras. Para Morlino (2009) la democratización “ha sido el conjunto de los acontecimientos políticos de mayor relevancia en las últimas décadas”.

Más allá del debate teórico respecto a los principales retos que enfrenta la democracia, es conveniente destacar algunos aspectos importantes relacionados con el papel de los jueces, su relación con los políticos y sus implicaciones para la calidad democrática de un sistema político.

Si se asume la definición mínima de democracia, para que un régimen político sea considerado como democrático debe reunir, al menos, las características siguientes: sufragio universal; elecciones libres, competitivas, regulares y limpias; más de un partido político y fuentes de información diversas y alternativas (Morlino 2009: 184), así como una estructura institucional estable que haga posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento adecuado de sus instituciones (Morlino, 2007: 5).

Ante la relevancia que juegan las elecciones en las democracias, resulta imprescindible que los países cuenten con instituciones, instrumentos y mecanismos que generen confianza y doten de seguridad y certeza jurídicas a sus procesos electorales. Así, las instituciones electorales encargadas de llevar a cabo la organización, ejecución y sanción de las elecciones deben gozar de independencia y autonomía y actuar con absoluta imparcialidad. Para ello, se requiere que sean designados como integrantes de esas instituciones no sólo los ciudadanos que cuenten con altos méritos académicos y profesionales, sino aquellos que además tengan probada capacidad de ser actores imparciales. Consecuentemente, la responsabilidad de seleccionar a los titulares de las instituciones electorales constituye un aspecto clave para la calidad democrática de un sistema político. 

El prolongado debate que se ha suscitado con motivo de la relación existente entre el poder político y el poder judicial, es sin duda fiel reflejo de la enorme complejidad que implica su abordaje. El estudio sobre la relación entre estos poderes puede efectuarse desde diferentes puntos de vista (Taruffo, 2005: 9). Sin embargo, son dos los temas que tanta polémica han generado y, por ende, llaman fuertemente la atención: la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Escapa al objeto de este artículo detallar el recorrido histórico sobre el vasto e interesante debate producido, desde diversas disciplinas, en torno a la judicialización de la política y la politización de la justicia. En cambio, sí resulta indispensable precisar, para los fines perseguidos en este artículo, qué debe entenderse cuando se alude a uno u otro tópico. 

La judicialización de política se entiende como el producto de la nueva distribución de competencias entre los distintos órganos del gobierno, a través de la cual se ampliaron las facultades del poder judicial para conocer y resolver, además de los asuntos que tradicionalmente le han correspondido, sobre determinadas cuestiones que antes se encontraban exclusivamente reservados, para su decisión, a los órganos de naturaleza política. Esta función le ha sido conferida especialmente a los Tribunales Constitucionales u órganos judiciales que, sin alcanzar esa nomenclatura, ejercen funciones equivalentes de control constitucional y de control de la actividad política. 

La politización de la justicia se entiende como las acciones desplegadas por los distintos actores (políticos, judiciales, económicos, sociales, medios de comunicación, grupos de interés, etc.) en su afán por controlar estratégicamente a los altos órganos jurisdiccionales, a fin de resguardar sus intereses cuando se encuentren en el centro de una disputa o conflicto judicial, eliminar o neutralizar a los adversarios políticos o generar contrapesos extralegales en sus relaciones con el poder político [1]. 

El debate entre la judicialización de la política y la politización de la justicia se sitúa entre los que, por un lado, indican que los órganos jurisdiccionales que ejercen funciones de control constitucional y control de la actividad política, son garantía de moderación y prudencia frente a los excesos de la política, convirtiéndose en un espacio de reserva de racionalidad necesaria y los que, por otro lado, cuestionan que la última palabra, sobre asuntos políticos de gran importancia, la tengan funcionarios no electos directamente por los ciudadanos como son los jueces, máxime cuando el poder judicial no siempre ha sido garantía de imparcialidad y vigencia del Estado de derecho (Ansolabehere, 2005).

No está sujeto a debate que la contienda política constituye el espacio público en el cual los distintos actores persiguen acceder al poder, o bien, mantenerse en su ejercicio. Ante ello, los ciudadanos para evitar los abusos de los actores políticos disponen de dos instrumentos para su protección: la democracia y el Estado de derecho (Maravall, 2003: 169).

Así, la democracia se ha convertido en el canal institucional que les permite a los ciudadanos elegir a quienes habrán de representarlos y gobernarlos y, por consiguiente, a través de ese medio tienen la posibilidad de ratificar o castigar a sus gobernantes o a sus partidos políticos cuando se celebran elecciones. En este sentido, O´Donnell (2007) señala que los ciudadanos al ejercer libremente sus decisiones electorales, no sólo son portadores de determinados derechos, sino que son el origen y justificación del poder sobre el que descansa la autoridad del Estado y el gobierno para tomar decisiones colectivamente vinculantes (O´Donnell, 2007: 183).

Por su parte, el Estado de derecho busca imponer límites legales a la discrecionalidad política de los gobernantes entre una elección y otra (Bobbio, 1994: 18[2]; Elías Díaz, 1998: 29; Maravall, 2003: 169). Al respecto, Elías Díaz (1998) señala que “el Estado de derecho es el Estado sometido al derecho, cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley” (Elías Díaz, 1998: 29).

Desde el plano teórico, existe consenso que el Estado de derecho es uno de los atributos de gran relevancia de la calidad de la democracia (O´Donnell, 2007: 179). Empero, desde el plano teórico y empírico, también existe consenso de que los distintos actores, para materializar sus aspiraciones de llegar al poder, mantenerse en su ejercicio o generar contrapesos extralegales en sus relaciones de poder, no escatiman esfuerzos, ni recursos, en aras de controlar estratégicamente a las sedes judiciales, o bien, a los órganos que controlan la actividad política en sus distintas dimensiones. 

La importancia de las funciones de control constitucional y control político que, dentro de la lucha por el poder, le han sido encomendadas a las sedes judiciales, los ha convertido en actores clave y estratégicos dentro del sistema constitucional y democrático. Esa es la razón por la cual los distintos actores, sabedores de la importancia que juegan esos órganos en las nuevas relaciones institucionales, entre éstas y los ciudadanos y entre éstos últimos, realizan acciones, a partir de las debilidades que presenta el propio diseño institucional, con la finalidad de influir importante y permanentemente sobre esas sedes, a pesar de que ello represente, como lo sostuvo Maravall (2003), “un atentado contra la democracia, o bien, altere las reglas y condiciones de la competencia política” (Maravall, 2003: 170). 

El control estratégico de las instituciones jurisdiccionales encargadas de ejercer el control constitucional y el control de la actividad política no solo garantiza la obtención de decisiones judiciales favorables cuando estén de por medio sus intereses, eliminar o neutralizar al adversario político o generar contrapesos extralegales con el poder político, sino también permite impedir que emerjan a la luz pública aquellos actos ilícitos en los que hubieran participado, de manera tal, que los ciudadanos se encuentren impedidos de sancionarlos electoral o cívicamente por la comisión de esas acciones[3]. 

Así, la democracia y el Estado de derecho pueden verse sometidos por la política (Maravall, 2003: 175). Una de las estrategias a la que más recurren los actores que integran los órganos políticos de origen democrático, por su alto grado de efectividad, consiste en emplear la representatividad que les ha sido conferida por la ciudadanía vía sufragio —sea en forma individual o a través de alianzas con otros actores[4]— con la finalidad de controlar el proceso de selección de los jueces constitucionales, a fin de designar a toda costa a sus más cercanos colaboradores o representantes, en lugar de seleccionar a quienes se encuentren comprometidos con la defensa de los valores fundamentales establecidos en el orden constitucional. De esta manera, la democracia y el Estado de derecho como instituciones políticas quedan sometida a la actividad de los políticos que han sido elegidos como representantes populares[5].

Los efectos de esta estrategia política se verán reflejados en decisiones judiciales mediante las cuales se alteren las reglas y condiciones de la competencia política, incluso en contra de lo establecido en la Constitución y la propia democracia, con lo cual harán sucumbir el Estado de derecho. 

Si los actores políticos pueden socavar el Estado de derecho con instrumentos democráticos, o bien, si a través del Estado de derecho se puede atentar contra la democracia y, por consiguiente, alterar las condiciones de la competencia electoral (Maravall, 2003: 173) entonces la combinación entre democracia y Estado de derecho es una simple ilusión ideológica. 

Consecuentemente, los jueces constitucionales elegidos bajo este ambiente de control político no se apreciarán como defensores del orden constitucional y democrático, sino como representantes de los intereses de los actores que los impulsaron en su designación. En función de ello, esos funcionarios judiciales emplearán todas las herramientas a su alcance ―legales y extralegales―, con la finalidad de representar fielmente los intereses de sus promotores. Es decir, defenderán en sus decisiones judiciales intereses políticos encubiertos, aun cuando con ello atenten en contra de lo establecido en la Constitución y la democracia. 

Es importante destacar que las alianzas creadas, entre promotores y promovidos, durante la selección de los jueces constitucionales no siempre son duraderas. Incluso, algunos de ellos —después de haber sido elegidos— sabedores de la importancia política que tiene el papel que desempeñan, se moverán estratégicamente y pactarán su comportamiento judicial en función de la naturaleza de los asuntos en conflicto, la agenda política, la fuerza electoral que cada uno de los actores políticos vaya teniendo a lo largo del tiempo, los intereses económicos que haya de por medio, protección e impunidad, así como el compromiso futuro de ser ratificados o promovidos a otros cargos de naturaleza similar o superior, entre otros aspectos, por lo que es posible observar, a lo largo del tiempo, la constante formación de alianzas de jueces con los distintos actores políticos, económicos, sociales, etcétera, aun cuando éstos no hayan sido quienes los impulsaron para acceder al cargo.

Lo anterior se encuentra relacionado con uno de los temas que tanto debate ha generado, la amplia facultad que tienen los jueces constitucionales para interpretar el orden constitucional, así como el enorme margen de discrecionalidad que poseen al realizar esa labor, pues a través del ejercicio de esa función han logrado encontrar el espacio institucional para encubrir, en sus decisiones judiciales, los intereses de los actores que los impulsaron en su designación o con los que, según el contexto político y electoral, vayan estableciendo alianzas. 

De esta manera, la función de la defensa del orden constitucional y el control de la actividad política depositada a favor de esas instituciones queda, muchas veces, subsumida a los intereses de los distintos actores que participan el proceso político o de los propios jueces constitucionales, lo cual convierte a esas sedes en armas contra la Constitución, la democracia y el Estado de derecho. 

El control político sobre el poder judicial y los órganos encargados de controlar la actividad política, resulta más evidente cuando el sistema de rendición de cuentas no opera materialmente, a pesar de encontrarse consagrado a nivel constitucional y desarrollarse en la ley procedimientos y formalidades para llevar a cabo la función de control. Esto es, si la selección de los jueces constitucionales recae en uno o más de los órganos políticos que, entre otros aspectos, tiene la función de controlar la actividad judicial de esas sedes judiciales, entonces difícilmente llamarán a rendir cuentas a los jueces constitucionales por los actos antijurídicos que realicen si antepusieron los intereses de sus promotores o aliados en turno, sobre el marco constitucional y democrático, con lo cual en lugar de abonarse a un sistema efectivo de pesos y contrapesos, se fomenta un círculo nocivo de favores, complicidades, corrupción e impunidad.

En función de lo anterior, se comparte la afirmación realizada por Elías Díaz (1988) al sostener que no todo Estado es Estado de Derecho. Esto es, “todo Estado crea y utiliza un derecho, por tanto, todo Estado funciona con un sistema normativo jurídico. En nuestros días resultaría complejo imaginar la existencia de un Estado sin derecho, un Estado sin legalidad”. Consecuentemente, la afirmación respecto a que no todo Estado es Estado de derecho, cobra vigencia porque la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no autoriza a hablar sin más de Estado de derecho (Elías Díaz, 1966: 29).

A casi un siglo de que fuera publicada la obra de Hans Kelsen “¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?”[6] ―la cual debe considerarse como el Acta Fundacional de los Tribunales Constitucionales― se debate con gran intensidad en torno a la viabilidad de los Tribunales Constitucionales, logrando congregarse miles de interrogantes, pero las respuestas siguen siendo insatisfactorias y el problema de hecho continúa sin resolverse.

Nótese que Kelsen (1931) dejó abierta la posibilidad de debatir en torno a la viabilidad de la institución que propuso para el ejercicio de la función de la defensa de la Constitución, al considerar que «nadie afirmará que dicha institución es, en toda circunstancia, una garantía absolutamente eficaz» (Kelsen, 1931:15). Asimismo, llama fuertemente la atención que sobre la selección de los jueces constitucionales Kelsen (1931) únicamente haya referido que éstos debían ser “convocados de alguna manera” (Kelsen, 1931:15).

El cuestionamiento respecto a si debe o no ser controlada la constitucionalidad de los actos (acciones u omisiones) de los órganos jurisdiccionales que ejercen el control constitucional y el control de la actividad política, se ha ubicado en el espacio central del debate académico y político. Después de todo, al igual que los otros poderes políticos de los distintos órdenes, forman parte de esos órganos del gobierno que deben estar subordinados a la Constitución.

A pesar de que existen argumentos a favor de otorgar la labor de control constitucional y de la actividad política a los Tribunales Constitucionales siempre que sean autónomos, independientes e imparciales, aún se debate fuertemente respecto a elementos que integran cada uno de esos atributos esenciales en el ejercicio de la función judicial. Y hoy, más que nunca, sigue vigente la pregunta si ¿los Tribunales Constitucionales constituyen esa instancia neutral para controlar el ejercicio del control constitucional y de control del poder político? Después de todo, resulta paradójico que se admita y se enlisten los enormes inconvenientes de depositar la función de la defensa de la Constitución en el Ejecutivo o en el Legislativo, pero se rechacen los efectos perniciosos que se producen al conferir esa función en los Tribunales Constitucionales.

El debate respecto a qué órgano debe ser el defensor de la Constitución se replica momento a momento. Los argumentos suelen ser los mismos. La única diferencia constatable es el órgano al que pretende conferirse esas funciones y, por consiguiente, será sobre el que se dirijan los ataques. De esta manera, primero fue hacia el Monarca, posteriormente hacia el Parlamento, después hacia el jefe del Gobierno y, ahora, hacia los Tribunales Constitucionales En este sentido, podría decirse que, si no se planteara el problema de una transgresión a la Constitución por parte de los Tribunales Constitucionales, la fórmula que los proclama como defensores de la Constitución, sería, sin duda, impensable. 

En las últimas décadas, se ha trabajado mucho en el fortalecimiento institucional de los Tribunales Constitucionales para que gocen plenamente de autonomía, independencia y actúen con absoluta imparcialidad. Sin embargo, en muchos casos, lo único que se ha logrado es que esas sedes judiciales asuman total y absoluta independencia respecto a la Constitución, lo cual constituye un tema abierto en el debate y representa un verdadero reto para el funcionamiento de las instituciones, la defensa de la Constitución y la aplicación de las reglas democráticas en los sistemas políticos contemporáneos. Continuará… 

Notas a pie de página: [1] A medida que los países crean instituciones para controlar la actividad política en sus distintas dimensiones, el intento por ejercer control político se desplazado estratégicamente hacia esas nuevas sedes. [2] Bobbio (1994) señala que por “Estado de derecho se entiende en general un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o constitucionales) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan [...]. En la doctrina liberal, Estado de derecho no sólo significa subordinación de los poderes públicos de cualquier grado a las leyes generales del país que es un límite puramente formal, sino también subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados constitucionalmente, y por tanto en principio “inviolables””. (Bobbio, 1994: 18-20). [3] O´Donnell (2007) señala que “para los actores políticos, lo primero y, probablemente, lo más importante para sus fines sea el impacto electoral de sus acciones. Bajo esta concepción, el principal objetivo de aquellos son los electores, no los ciudadanos, excluyendo de la democracia la dimensión de la ciudadanía plena, que no sólo es política, sino también civil, social y cultural” (O´Donnell, 2007: 14). [4] Para los actores políticos no siempre es sencillo alcanzar los acuerdos necesarios para superar las mayorías constitucionales o legales exigidas para la designación de los jueces constitucionales, lo cual requiere que negocien los espacios que a cada uno de ellos les corresponderá y votar favorablemente las propuestas de los otros actores, aun cuando no estén de acuerdo con ellas, a cambio de que las suyas no sean rechazadas. Esto se denomina comúnmente como sistema de distribución de cuotas partidistas. [5] Nótese que esta práctica no es exclusiva de los partidos políticos, cada vez es más frecuente que otros actores (judiciales, económicos, sociales, medios de comunicación, grupos de presión, etcétera) busquen impulsar, a través de los canales institucionales establecidos, a sus más próximos representantes en aras de controlar esas sedes, sea porque sus actividades también son reguladas por esas instituciones, o bien, porque desean encontrar mecanismos informales de control estratégico sobre los políticos. Sin embargo, estas prácticas también resultan nocivas para la democracia y el Estado de derecho. [6] Kelsen, H. (2002). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? España: Tecnos

Responde Oswald Lara a campaña de desprestigio de Rutilio Escandón y Rosalinda López, posible titular del SAT

Tras denunciar públicamente los días 14 y 20 de noviembre un par de videos donde expuso la persecución política y represión judicial que hay en su contra por parte de Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas; Rosalinda López, posible titular del Servicio de Administración Tributaria; Adán Augusto López Hernández, gobernador electo de Tabasco;  así como de Amalia García Medina ex gobernadora de Zacatecas, entre otros.

El abogado electoral y defensor de los derechos humanos Oswald Lara Borges dio a conocer un tercer video, en el que contesta puntualmente a las mentiras y ataques que se han difundido recientemente en un video publicado en redes sociales y en medios de comunicación del estado de Chiapas.

Lara Borges señaló que la reacción de este grupo de políticos corruptos fue la misma que en otras ocasiones "no dar la cara, no querer debatir de frente, ni responder a las graves acusaciones que les hago de manera directa”. Lo que sí hicieron -dijo- fue financiar fuertemente una campaña de desprestigio desde Chiapas y Tabasco en mi contra “usando a troles, bots y una costosa publicidad pagada en redes para viralizar el video en donde me atacan. Pero, cometen una gran torpeza porque utilizan en su defensa a la beneficiaria de esta trama de corrupción, lo que los vincula aún más y es clara evidencia de la forma organizada en la que operan”, apuntó. 

El abogado electoral detalló que es fácil observar que la verdadera razón del video en su contra, es -agregó- “desviar la atención de una de las principales acusaciones y pruebas que tengo y que ya demostré en el segundo video donde se vincula directamente a Rosalinda López Hernández en un grave delito de corrupción, malversación de fondos públicos en agravio del patrimonio de Tabasco y falsificación de documentos oficiales y firmas, además, de falsear información ante una instancia judicial en Chiapas, cuando era diputada local en el congreso de Tabasco, todo para cumplirle un favor político a Amalia García y donde Rutilio Escandón, su esposo, era el titular del poder judicial de Chiapas”.

En relación a lo que calificó de mentiras y acusaciones falsas difundidas por la madre de sus hijas en un video reciente, puntualizó  quiero decir en primer lugar que me parece excelente que haya abordado esos temas. Y frente a esta campaña de desprestigio orquestado por los implicados en esta trama de corrupción, demostraré con pruebas, no solamente con palabras, que todas las acusaciones son falsas y dolosas para intentar criminalizarme, desprestigiarme y desviar la atención sobre Rosalinda y su marido Rutilio” al tiempo que lanzó el tercer video donde explica puntualmente ejemplos que demuestra lo que va explicando.

Lara Borges consideró que las instancias chiapanecas han brindado total impunidad, lo cual demuestra la complicidad existente entre todos los implicados en este asunto. “Estoy seguro que compartirás conmigo que quien miente pierde credibilidad y una persona que carece de credibilidad no es digna de confianza”, argumentó.

"Dentro de su estrategia tramposa buscan cualquier pretexto para fabricar delitos e impedir las convivencias. Incluso, hasta por llevar a mis hijas al pediatra, a pesar de que obran en el expediente el diagnóstico clínico, los resultados de laboratorio, el tratamiento médico y hasta los medicamentos para la atención a las enfermedades de mis hijas. Es evidente que lo dicho por la señora Victoria Escobedo Mendoza es falso. Es una estrategia para desviar la atención de las denuncias que he presentado en contra de la corrupción ejercida por Rosalinda López Hernández y Rutilio Escandon Cadenas. Y de igual manera, estoy seguro que intensificarán las campañas negras en mi contra. Y vendrán campañas más intensas de desprestigio y de intimidación” indicó. 

Finalmente el abogado manifestó que las pruebas que presenta en el tercer video desmontan las mentiras y las acusaciones falsas en su contra. “Son pruebas contundentes. Pero el asunto va más allá de la disputa de una guarda y custodia entre dos padres. El asunto es político. Y ante el uso indebido de las instituciones y de las violaciones a los derechos humanos debemos denunciar públicamente todo tipo de corrupción”, argumentó.

Rosalinda López Hernández posible futura titular del SAT implicada en corrupción y tráfico de influencias: Oswald Lara Borges

El abogado electoral y defensor de los derechos humanos, Oswald Lara Borges denunció en un video -publicado la semana pasada- la corrupción, el tráfico de influencias y la represión de Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas por Morena; de Manuel Velasco, gobernador saliente de Chiapas y senador de la República; a Rosalinda López Hernández, esposa de Rutilio Escandón Cadenas y próxima titular del SAT; a Adán Augusto López Hernández, hermano de Rosalinda, cuñado de Rutilio y gobernador electo de Tabasco por Morena; así como a Amalia García Medina, exgobernadora de Zacatecas y comadre de Rutilio y a Sara Buerba Sauri, excolaboradora cercana de Amalia y operadora de un entramado de corrupción y tráfico de influencias.

Lara Borges indicó que todo inició cuando Amalia García le pidió un favor político a su compadre Rutilio Escandón para que en su papel de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas favoreciera a una ex-colaboradora suya en un asunto de abandono de hogar y de guarda y custodia que el mismo denunció, “y para cumplirle el favor a Amalia García, Rosalinda López Hernández, entonces diputada local en Tabasco presentó ante instancias judiciales de Chiapas documentos oficiales del Congreso de Tabasco usando fraudulentamente mi nombre y asentando una firma que no es la mía”, detalló.

En un segundo video, el abogado Lara Borges presentó los documentos oficiales del Congreso de Tabasco usados fraudulentamente por Rosalinda López Hernández. Una evidencia que demuestra la trama de corrupción, el de abuso de poder y el uso de los cargos públicos para hacer favores políticos, lo cual es una prueba irrefutable que liga a Rosalinda y a Rutilio en este asunto.

En el video, Oswald Lara asegura que el 8 de junio de 2014, Rosalinda López Hernández, entonces Diputada Local de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Tabasco, presentó ante un Juez del poder judicial de Chiapas el ofició número RLH/072/2014, en el que le informó que en el mes de febrero de 2014, Lara Borges causó baja como asesor de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado de Tabasco. Y anexó a ese documento, el oficio número RLH/046/2014 en el que le informó al entonces Director de Finanzas del Congreso Tabasqueño, que sería dado de baja como asesor asignado a la referida Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales que ella presidía. Finalmente adjuntó el recibo de pago número 68 que indica que Oswald Lara Borges supuestamente recibió de la Dirección de Finanzas del H. Congreso del estado de Tabasco, la cantidad de $30,000.00 pesos por concepto de gastos parlamentarios al mes de febrero de 2014. “Y ese documento tiene una firma que evidentemente no es la mía” agrega el abogado.

“Quiero dejar en claro que en ningún momento firmé documento alguno con el Poder Legislativo de Tabasco. Y ante la evidente utilización de mi nombre y una firma que no corresponde con la personal, en documentos oficiales del Poder Legislativo de esa entidad federativa, es muy importante que salgan a la luz pública todos los documentos oficiales del Congreso Tabasqueño —supuestas altas, bajas, pagos, prestaciones, etcétera— en el que se encuentre relacionado mi nombre o mi firma”, pidió Lara Borges.

“Rosalinda tiene que explicar por qué presentó en un juicio en el estado de Chiapas documentos oficiales apócrifos usando fraudulentamente mi nombre y mi firma. La respuesta es evidente. Para cumplir un favor político. Estoy seguro que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Morena están muy interesados en llegar al fondo de esta trama de corrupción” manifestó al tiempo de convocar a todos los implicados a un debate abierto, directo, de frente y de manera pública. “El que nada debe nada teme. Pero hasta hoy no han dado la cara. El debate es para demostrar a toda la opinión pública este caso de corrupción por parte de los denunciados”, insistió.

Oswald Lara en el video deja claro que no tiene ningún conflicto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ni con Morena, ni con sus militantes o simpatizantes. “Al contrario, ahí tengo muy buenos amigos, con quienes hemos luchado durante muchos años por democratizar el país. Y he sido abogado de muchas mujeres y hombres que hoy pertenecen a Morena. Por tanto, quiero dejar en claro que esta acusación no es contra AMLO, ni contra Morena, es en contra de aquellos que denuncio de corruptos”.

“Es importante aclarar que esta trama de corrupción inició desde el año 2014, por lo tanto, este asunto no tiene nada que ver ni con las elecciones del año 2015 o 2018, ni con el gobierno municipal de Centro, Tabasco. Estoy seguro que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Morena estarán muy interesados en llegar al fondo de esta trama de corrupción. Por eso me dirijo a Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, porque considero que este es un buen caso para demostrar que el combate a la corrupción va en serio y de que no se va a solapar a nadie, incluyendo a sus compañeros de partido”, concluyó.

LINK DEL VIDEO https://www.facebook.com/OLaraBorges/videos/1377179512413423/

Denuncia el abogado Oswald Lara corrupción y represión por parte de Morena en Chiapas y Tabasco

Andrés Manuel López Obrador tiene otra importante prueba de fuego al inicio de su mandato, y es que este día el abogado electoral y defensor de los humanos Oswald Lara y Borges denunció una fuerte trama de corrupción, tráfico de influencias y represión por parte de altos cargos de Morena en su contra.

Lara Borges acusó de manera directa a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas por Morena; a su esposa, Rosalinda López Hernández, posible próxima titular del Sistema Administración Tributaria (SAT), a Amalia García Medina, ex-gobernadora de Zacatecas y comadre de Rutilio; a Manuel Velasco Coello, gobernador saliente de Chiapas, y al notario Adán Augusto López Hernández, hermano de Rosalinda, cuñado de Rutilio y gobernador electo de Tabasco por Morena; toda esta gente cercana al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

Recientemente López Obrador y el partido Morena ganaron las recientes elecciones afirmando que no se va a tolerar ningún acto de corrupción, ni de sus compañeros de partido, ni de nadie, sea quien sea. Y que no se comportarán como las mafias del poder que dicen sustituir. De comprobarse esta denuncia, Andrés Manuel López Obrador tendrá una prueba de fuego para demostrar que en su sexenio si va en serio en el combate a la corrupción o es más de lo mismo.

Otro revés jurídico para Morena, Sala Xalapa desechó queja de tarjetas Multiva: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2016

Otro revés jurídico para Morena, Sala Xalapa desechó queja de tarjetas Multiva: Oswald Lara

El pasado viernes 27 de mayo de 2016, dos días después que a Sala Superior reconociera, en forma definitiva e inatacable, el triunfo de Gerardo Gaudiano Rovirosa, la Sala Regional Xalapa del TEPJF hizo lo mismo al resolver el recurso de apelación que MORENA interpuso en contra del Partido de la Revolución Democrática y en contra de Gerardo Gaudiano Rovirosa por la supuesta utilización de tarjetas bancarias Multiva para comprar el voto, determinando que ese medio de impugnación es infundado por carecer de pruebas y argumentos jurídicos sólidos, así lo dio a conocer Oswald Lara Borges.

El abogado electoral señaló en entrevista que con esta resolución, ya son más de seis veces las que se han analizado minuciosamente todas las inconformidades y las denuncias que se han hecho sobre el proceso electoral pasado. Se ha analizado -dijo- lo de las tarjetas, lo de la violencia política, lo de la supuesta intervención del Gobierno del Estado, lo de la inequidad en medios de comunicación, lo de la residencia de Gerardo Gaudiano Rovirosa, lo del financiamiento electoral; y en todas ellas, subrayó, se llegó a la misma conclusión: “No se acreditó nada en contra de Gerardo Gaudiano Rovirosa, nada en contra del gobierno del estado y nada en contra del PRD, por el contrario, nosotros sí demostramos que tanto el PRI como MORENA violaron la ley al rebasar los topes de gastos de campaña y, por tal motivo, fueron sancionados por el Instituto Nacional Electoral”.

Lara Borges recordó la denuncia que hizo Adán Augusto López Hernández, dirigente de MORENA en Tabasco, pocos días antes de la elección, por la utilización de las supuestas tarjetas bancarias para la compra de votos, donde se acusó de una manera muy violenta a una serie de personas que participan en el proyecto que encabeza Gerardo Gaudiano Rovirosa. Sin embargo, el representante jurídico destacó que hoy todas las sentencias emitidas por todas y cada una de las instancias electorales en el país, les dieron la razón sobre las mentiras, las denuncias falsas y las estrategias fraudulentas implementadas por el PRI y por MORENA.

Por eso indicó que quien insista en querer engañar a la sociedad y querer desacreditar la legitimidad, la legalidad y la limpieza del triunfo de Gerardo y el PRD quedará exhibido no sólo como un embustero, sino sobretodo como un mal perdedor y espurio demócrata. Este capítulo -agregó- ya se cerró, ahora tenemos que pensar en el bien de la ciudadanía y trabajar juntos para resolver sus problemas, tal como lo ha pedido el jefe electo del gobierno municipal de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, a todas las fuerzas partidistas del municipio.

“No es asunto menor que el IEPCT, el Tribunal Electoral de Tabasco, la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del TEPJF y el Consejo General del INE, es decir, todas las instancias del sistema electoral mexicano que han atendido y analizado las quejas presentadas por el PRI y por MORENA, respecto a la legalidad de la elección extraordinaria de Centro, Tabasco, han coincidido al dictaminar que éstas son falsas, que no tienen pruebas y que son infundadas, motivo por el cual han sido desechadas” puntualizó. 

Sala Regional de Xalapa confirmó triunfo limpio y legítimo de Gaudiano: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016

Sala Regional de Xalapa confirmó triunfo limpio y legítimo de Gaudiano: Oswald Lara

La verdad del proceso electoral extraordinario y el sentido de la decisión ciudadana, de elegir a Gerardo Gaudiano Rovirosa como su actual presidente municipal electo, fue ratificado una vez más en las instancias judiciales, luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Federal Electoral ratificara la legalidad y legitimidad de su triunfo, aseveró ésta mañana Oswald Lara Borges defensor jurídico del ex candidato común del Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo.

Una a una se van cayendo, ante las instituciones legales federales, las falsedades y estrategias que han sembrado quienes tratan de afectar la legitimidad del triunfo contundente de Gerardo Gaudiano, señaló el abogado. En un posicionamiento ante medios de comunicación, Oswald Lara dijo que hay conformidad y beneplácito en la decisión que tomaron los magistrados integrantes de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Federal Electoral de ratificar este triunfo.

El abogado que encabeza el equipo de defensa jurídica electoral del presidente municipal electo,  aseveró que el triunfo de Gerardo Gaudiano Rovirosa además de ser conforme a derecho también ha sido limpio, legítimo y contundente. Así lo fue el 7 de junio del 2015, como en la elección extraordinaria del 13 de marzo de este año; aunado a la constancia de validación de la jornada electoral por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado; agregando la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco hace casi un mes y por el resolutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que dio poco menos de dos semanas atrás. En todas se han desechado los alegatos de Morena y del PRI, subrayó.

La elección del presidente municipal de Centro ha sido histórica y la ciudadanía, que además ha ratificado su decisión con contundencia en dos elecciones, también manifiesta su voluntad de que los actores políticos se pongan a trabajar por la comuna. A través de Oswald Lara, Gerardo Gaudiano mantiene en pie la invitación a los partidos políticos no favorecidos a sumarse al ejemplo de las otras fuerzas y partidos, de reconocer el triunfo electoral para evitar seguir dañando la gobernanza democrática del estado del que quieren salir beneficiados algunos líderes partidistas.

Gerardo Gaudiano, indicó el abogado, también mantiene en pie la invitación a propiciar el diálogo abierto y público con todas las fuerzas políticas municipales, para resolver los problemas urgentes que enfrenta la capital tabasqueña, subrayó.

Advirtió Oswald Lara que en caso de querer usar la Sala Superior del Tribunal Electoral para postergar el inicio de los trabajos del nuevo gobierno municipal, el equipo jurídico estará muy atento para defender, como lo ha hecho hasta ahora, los derechos de la ciudadanía para elegir libre y democráticamente a su representante municipal y para que no se impongan las malas artes en los procesos electorales en la entidad, finalizó.

PRI y MORENA rebasaron topes de gastos de campaña: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2016

PRI y MORENA rebasaron topes de gastos de campaña: Oswald Lara

Carecen PRI y Morena de legitimidad política para impugnar la elección de Centro, porque violaron gravemente la ley al rebasar los topes de gastos de campaña, así lo señala el abogado electoral después de que se conoció el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 20 de abril de 2016.

El maestro en derecho, Oswald Lara Borges señaló que el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el pasado 20 de abril de 2016, respecto al tope de gastos de campaña de la pasada elección extraordinaria en el municipio de Centro demuestra quienes fueron los corruptos en los pasados comicios. Y es que de acuerdo con información del propio Consejo General del INE, tanto el PRI como MORENA violaron gravemente la ley al rebasar el tope de gastos de campaña para elegir alcalde en la capital del estado.

En entrevista, Lara Borges explicó que la candidatura común integrada por el PRI, PVEM y PANAL sobrepasaron con mucho el tope con un monto total de $470,414.91, rebasaron -dijo- el tope de gastos en un 23.31 por ciento, mientras que MORENA sobrepasó el gastó con un monto de $184,891.45, esto es, en un 9.16 por ciento, razón por la cual fueron sancionados por la máxima autoridad administrativa electoral federal del país.

En este sentido, agregó el especialista en derecho electoral, la decisión asumida por el Consejo General del INE permite comprobar tres hipótesis: la primera, sobre quiénes han sido los verdaderos deshonestos en las elecciones pasadas, lo que significa que tanto el PRI como MORENA no sólo han sido los que más han gastado sino los que no han respetado las reglas electorales, ni a los ciudadanos; la segunda que tiene que ver que a pesar de haber sido ellos los que violentaron el proceso electoral han querido y pretenden vender la idea de que son víctimas, y quienes han echado la culpa de sus derrotas a todos, principalmente a Gerardo Gaudiano Rovirosa, al Gobierno del estado y al PRD con el fin de encubrir su escandalosa derrota, pero sobretodo su fraudulenta forma de querer ganar con la utilización de enormes recursos ilícitos; y la tercera hipótesis, indicó Oswald Lara, tiene que ver respecto al origen de ese enorme financiamiento, “De dónde llegaron esos enormes recursos. Eso es algo que tanto el PRI como MORENA ahora tienen que explicar y dar cuenta ante los órganos responsables, pero sobre todo ante la ciudadanía”, subrayó.

Oswald Lara recordó que los organismos internacionales especializados en el tema de la corrupción política y de la transparencia sostienen que no hay peor riesgo para la democracia electoral que el financiamiento ilegal. “Ahora que han sido desenmascarados tanto el PRI como MORENA tendrán que explicar a los ciudadanos quiénes los patrocinaron, de dónde vino todo ese dinero, a cambio de qué, es importante que aclaren el tipo de financiación ilegal que recibieron y si éste fue privado o público, porque todos sabemos que quiénes patrocinan las campañas electorales se terminan convirtiendo en los verdaderos dueños de estas formaciones políticas partidistas y jefes de sus candidatos”, añadió.

Finalmente manifestó que la ciudadanía en la capital del estado es muy madura y no permitió ni que las mentiras, ni la victimización y menos el poder del dinero ilegal se impusiera en la pasada elección extraordinaria. “MORENA y el PRI al final han resultado ser más de lo mismo, por lo tanto, el PRI y MORENA de Tabasco han perdido toda legitimidad para reclamar nada en los tribunales electorales por su desleal forma de competir en esta pasada elección y están obligados a ofrecer disculpas y a renovar a sus dirigencias estatales por salud política del estado al quedar demostrado que éstos violan y desprecian la ley” puntualizó. 

Fallo de Sala Xalapa no modifica ni modificará el triunfo de Gaudiano: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016

Fallo de Sala Xalapa no modifica ni modificará el triunfo de Gaudiano: Oswald Lara

En relación a la sentencia emitida este día por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el abogado Oswald Lara Borges destacó que el resolutivo deja claro que tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Morena no cumplieron con el requisito de la representación jurídica que exige la ley, pero que desafortunadamente en virtud de que los magistrados consideraron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco actuó indebidamente al reconocerles esa representación jurídica a los representantes electorales de esos partidos políticos, el órgano jurisdiccional electoral concluyó que debían admitirse sus demandas a revisión, aunque claramente la representación jurídica haya sido otorgada de manera irregular.

Sin embargo, al mismo tiempo consideró que esta decisión es una nueva oportunidad para despejar cualquier duda sobre los resultados electorales de la pasada elección del 13 de marzo donde resultó ganador Gerardo Gaudiano Rovirosa por el voto mayoritario de los ciudadanos de Centro, confiando a su vez que la validez de la elección será ratificada por los tribunales electorales tanto local como federales, y agregó: “Es una cuestión de forma, no de fondo, el estado de las cosas no han cambiado y no cambiarán” sentenció.

Lara Borges cuestionado sobre el tema, restó importancia al significado de esta sentencia, porque no modifica, ni va a modificar el mandato ciudadano dictado de forma libre y democrática en la pasada elección extraordinaria de Centro; no obstante, lamentó que los enemigos públicos de Tabasco pretendan tomar de rehén a esta capital, deteniendo su progreso con acciones retardatarias procurando que prevalezca un interés ilegítimo por encima de la voluntad popular, puntualizó.

Por pifias de PRI y MORENA fueron desechadas sus impugnaciones: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2016

Por pifias de PRI y MORENA fueron desechadas sus impugnaciones: Oswald Lara

Las impugnaciones al proceso de la elección a presidente municipal en Centro de MORENA y del PRI se cayeron por una simple pifia de ellos que nosotros detectamos, el Tribunal Electoral de Tabasco estudió el tema y ellos resolvieron desechar los medios de impugnación de ambos partidos políticos porque las personas que las presentaron carecen de la personería jurídica para hacerlo, así detalló el abogado Oswald Lara Borges.

En entrevista el abogado electoral consideró que las denuncias del Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento de Regeneración Nacional son más una estrategia política y de lucha por el poder por medios ilegítimos, que una verdadera defensa de los derechos políticos de sus candidatos.

Además agregó que la incongruencia y divergencia de las supuestas anomalías que defienden cada uno de los partidos políticos mencionados, son una clara evidencia que están usando la misma estrategia que usaron la vez anterior, “de acusar de todo, pero sin probar verdaderamente nada”.

Lara Borges hizo un llamado a la prudencia a la fracción de militantes priístas –dijo- porque vemos que no todos comparten la misma postura, de que acepten los resultados y pidió a Adán Augusto que deje de sembrar encono y e inestabilidad en el municipio y en el estado; “si quiere comenzar a hacer campaña lo haga apegado a la ley y a la civilidad política, ya la ciudadanía se expresó en la urnas así como la resolución del Tribunal Electoral. Es importante, que demuestren madurez política si realmente les interesa el bienestar del municipio y del estado”, apuntó.

El representante electoral del actual presidente electo de Centro subrayó que ha quedado muy claro que los ciudadanos de esta capital han mandatado en dos elecciones seguidas que Gerardo Gaudiano sea su próximo alcalde, “lo dicen los triunfos, lo dicen el incremento abrumador de votos que obtuvo en comparación con la elección ordinaria”.

El maestro en derecho electoral indicó que ahora que la alianza MORENA y PRI acudieron a los tribunales para impugnar de nueva cuenta, nosotros manifestó, también ya acudimos a defender los derechos de los ciudadanos que votaron por un proyecto democrático y de izquierda moderna, no obstante pedimos que se deje de continuar por el sendero del encono y nos pongamos a trabajar conjuntamente para combatir a los verdaderos problemas que enfrenta el municipio: “el mensaje del alcalde electo Gerardo Gaudiano, es claro, hay que abrir una nueva etapa en la vida del municipio, para que juntos, tanto gobierno como oposición a través del diálogo construyamos juntos las mejores soluciones y opciones para esta capital. Esto es lo que quiere la gente y esa es la responsabilidad que tiene toda la clase política. Es tiempo de pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones”, detalló.

Es hora de darle vuelta a la página y respetar la voluntad ciudadana en Centro: Oswald Lara

Villahermosa, Tabasco a 04 de abril de 2016

Es hora de darle vuelta a la página y respetar la voluntad ciudadana en Centro: Oswald Lara

Con un llamado a dejar el sendero de la confrontación y, a la vez, a sumarse al trabajo conjunto para atender los verdaderos problemas que enfrenta el municipio, llamó el abogado Oswald Lara Borges representante jurídico del alcalde electo de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, al fijar una postura con respecto a las más recientes sentencias del Tribunal Electoral de Tabasco (TET); en las que desecha los juicios de inconformidad promovidos por el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del abogado perredista Roberto Romero del Valle, Lara Borges manifestó el beneplácito por las sentencias del TET emitidas apenas el sábado. Donde ponderaron bien los señalamientos de falta de legitimación jurídica de quienes interpusieron los juicios de inconformidad a nombre de Morena y del PRI. Con esa resolución se debe terminar ya con el proceso electoral extraordinario de alcalde de Centro.

En ésta elección extraordinaria la contundente diferencia de votos y la ratificación, consecuentemente, del candidato triunfador son una muestra irrefutable de la voluntad ciudadana de los habitantes de Centro. Es hora de dar vuelta a la hoja y ponerse a trabajar, ésta ha sido la tónica del alcalde electo y por eso invitó a los actores políticos a dejar la estrategia de la confrontación y junto con sus partidos a ser instrumentos al servicio de la sociedad y no solamente una maquinaria electoral.

Es hora de demostrar que existe un real interés por resolver los problemas del municipio y no quedarse políticamente en el nivel electoral, señaló más adelante. Hay que pasar con hechos al nivel poselectoral que es el del diálogo, buscando juntos las mejore soluciones y opciones para la capital del estado, esto es lo que propone, dijo, el alcalde electo.

“Pertenecemos a una nueva generación de políticos que saben respetar y asumir institucionalmente las reglas del juego democrático, tanto cuando se gana como cuando se pierde. En política hay que pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, puntualizó Oswald Lara. En tanto Roberto Romero subrayó que para el Partido de la Revolución Democrática este proceso se cierra en lo político y solamente darán seguimiento jurídico a lo que resta del proceso electoral extraordinario del municipio de Centro.

Interpone PRD denuncia ante PGR en contra de Adán López; si no prueba sus dichos deberá renunciar por dignidad dijo Lara Borges

El dirigente estatal de Morena Adán Augusto López Hernández fue denunciado ante la Procuraduría General de la República para que responda por su presunta responsabilidad penal en la comisión de los delitos de apología de conductas ilegales conocida como apología del delito y por falsedad de declaración ante autoridad ministerial. El abogado Oswald Lara Borges y la representación del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco interpusieron la denuncia señalando que los dichos de Adán Augusto son un montaje mediático con un fin electoral. Indicó además que acudirá ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que también investiguen la conducta ilícita del líder de Morena en el estado de Tabasco.

Manifestó el abogado que confía plenamente en la autoridad para que investiguen los sucesos denunciados dolosamente y se aclare lo ocurrido. Especificó que la representación jurídica tiene la duda fundada de que la denuncia de Adán Augusto López Hernández es un montaje mediático con fines electorales porque presienten su derrota electoral. 

Sólo así, a través de la autoridad, se desmontará todo eso y se sabrá quiénes están detrás, solicitando al mismo tiempo que se sancione a Adán Augusto López Hernández. En este sentido, Lara Borges señaló directamente a Adán Augusto López Hernández porque él dice que éste se enteró supuestamente de manera anónima, lo cual no es creíble, manifestó el abogado. Ante medios locales situados afuera de las instalaciones de la delegación de la PGR, Oswald Lara sostuvo que hay que poner un ¡Ya basta! a este tipo de prácticas desleales y tramposas y que debe trabajarse mucho para dignificar a la política. Porque, agregó, las conductas como las del dirigente de Morena deterioran la política por las falsedades con las que se conduce.

Al abundar sobre el caso indicó que ya vieron el video que subieron en redes sociales y no se aprecia que sea el PRD el organizador de la reunión, ni que éste haya entregado la cantidad de 500 pesos para cooptación del voto, mucho menos se ven 120 personas reunidas, por lo que por sí misma se cae la del morenista.

Además López Hernández dijo en su declaración a un medio local que de manera anónima le fueron dejadas en su oficina tres tarjetas, entonces -preguntó- cómo obtuvo las demás que presentó a la PGR, “cómo se enteró de toda la información en la que pretende imputar de manera directa al PRD, a Gerardo Gaudiano, a su hermano, al mismo Oswald Lara y a otras personas más”.

Por eso tiene que venir –el dirigente de Morena- a la PGR en calidad de presunto delincuente a decir cuál fue la participación de cada uno porque no se puede acusar a la ligera y de manera tramposa sin asumir ninguna responsabilidad. Tiene que darse una consecuencia de ésta liviandad de Adán Augusto, señaló. Y dentro de esas consecuencias está el que debe renunciar a la dirigencia del partido Morena porque no está a la altura, no tiene el nivel, ni la estatura para dirigir un partido político. Por eso, al responder a pregunta expresa de los medios informativos señaló que, con la confianza de no haber cometido nada ilegal el PRD es que presenta la denuncia, así lo puntualizó.

Sin pruebas las acusaciones de Adán López Hernández: Oswald Lara

Oswald Lara Borges, representante legal del candidato a la alcaldía de Centro del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, denunció en entrevista la fraudulenta acusación que se basa en un video, unas tarjetas bancarias y una fantasiosa teoría conspiratoria, expuesta por el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Acusó que a esa injuria la presenta López Hernández como una acción torpe y tardía a las denuncias presentadas contra Morena durante la contienda electoral. Indicó que el PRD ha presentado casi una docena de quejas administrativas, incluso la serie de formatos que utiliza Morena, con número de folio, del programa que se le va a otorgar a las personas que voten por ese partido, así como la firma del candidato.

“Esto no es construir democracia si no construir clientelismo, eso es contrario a la ley y por esa razón se vino esta andanada en contra de nosotros”, dijo Lara Borges. El representante jurídico de la candidatura del PRD-PT a la alcaldía de Centro, señaló que Adán Augusto López Hernández tiene que probar todas las injurias y lo retó a que presente las pruebas porque si no lo hace “deberá renunciar a la dirigencia de Morena por ser un dirigente timador y cleptócrata”.

“No hay mayor corrupto que aquel, sin pruebas, acusa a otros de corruptos, de no demostrar su dicho, le caería a Adán Augusto López Hernández el calificativo de fanfarrón”, especificó. Lara Borges destacó que al partido Morena lo exhibe sus mentiras, “en resumen Adán Augusto López Hernández y Morena representan la izquierda del pasado, una izquierda radicalizada inspirada en Nicolás Maduro y en la demagogia de Donald Trump”.

El abogado indicó que Morena se está convirtiendo en esa mafia del poder que tanto acusa, y por eso le temen al proyecto de Gerardo Gaudiano Rovirosa, porque les causa miedo el proyecto que representa la izquierda moderna del siglo XXI. El proyecto de Gaudiano Rovirosa –expuso-- se inspira en los modelos desarrollados y exitosos de los nuevos movimientos sociales y políticos como el de Pepe Mujica.

Lara Borges expuso que el video es un montaje construido por Adán Augusto López, “además de que está editado, te puedo garantizar -dijo- que no tiene ningún valor jurídico probatorio, tampoco se puede apreciar que el PRD esté realizando reuniones semanales en las 279 secciones electorales que conforman el municipio para comprar votos”.

“Tampoco se acredita que se esté entregando la cantidad de 500 pesos a una serie de personas para comprarles el voto, tampoco se advierte que en esa reunión hayan estado por los menos 120 personas”, puntualizó.  Dijo que lo mismo pasa con las tarjetas, que López Hernández señala que fueron recibidas anónimamente, porque “nunca acreditó que esas tarjetas fueran promovidas por el PRD, tampoco acredita que sean promovidas por las personas que irresponsablemente acusó”.

El representante legal recordó que no es la primera vez que Adán Augusto López Hernández actúa así porque al inicio de la campaña denunció que el PRD y su precandidato estaban orquestando una estructura electoral de compra y coacción de voto con un costo aproximado de 30 millones de pesos, “pero nunca presentó una prueba”. Recordó que también denunció la supuesta existencia de una bodega de zapatos, pero tampoco presentó ninguna prueba; afirmó que el PRD había recibido 16 millones de pesos provenientes del Estado de Michoacán, y tampoco presentó una prueba, entre otros infundios.

Lara Borges acusó que “sobre Adán Augusto López Hernández pesan las acusaciones públicas de que los recursos económicos del programa CIAR-100 no llegaron a los destinatarios; que en el año 2000, siendo Secretario General del PRI, ayudó a ganar a la candidata del PRD por el IV Distrito Electoral y que en su Notaría se alteró el valor del predio adquirido por el IEPCT, elevándolo de 13 a 32 millones de pesos”.