En México se han iniciado formalmente los trabajos de la Reforma Electoral y del Estado. El Parlamento Abierto ha sido el punto de arranque. Son muchos los temas que se encuentran enlistados en la agenda del debate político. Y como pocas veces, existe una amplia variedad de actores institucionales con perspectivas y visiones distintas sobre lo que deben ser los aspectos centrales de esa reforma política. Ya empiezan a esgrimirse los primeros escarceos. Y habrá oportunidad de reflexionar a profundidad sobre ellos.
En esta ocasión quiero centrar mi reflexión en la elección presidencial del año 2006. Uno de los procesos electorales más controvertidos y cuestionados en la historia de nuestro país, que desembocó en una fuerte crisis política e institucional. Una de las principales causas de esa crisis se originó por la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las nulidades en materia electoral siguen siendo objeto de amplio estudio e intenso debate. Si bien es verdad las reformas constitucionales en materia político electoral de 2007 y 2014 han modificado algunos aspectos relacionados con que se destaca en el estudio, también es verdad que las reflexiones que subyacen en la investigación siguen vigentes.
Este trabajo centró su análisis en los razonamientos empleados por la Sala Superior del TEPJF en el dictamen emitido con motivo de la calificación de la elección presidencial de 2006.
En este dictamen se analizaron aspectos que eran novedosos para nuestro sistema electoral, tales como: la naturaleza jurídico-administrativa del procedimiento para realizar el cómputo definitivo de la elección presidencial, la declaración de validez de la elección y de Presidente electo, las campañas difamatorias o injuriosas, el papel ejercido por el titular del Poder Ejecutivo durante el proceso electoral a favor de uno de los candidatos, la participación de algunas cámaras empresariales contra un candidato presidencial, entre otros.
Las conclusiones a las que se arribó en el dictamen pusieron en duda la aplicación del Derecho y sus consecuencias jurídicas a los casos particulares, lo que originó un debate —en diversas esferas de opinión— sobre la legitimidad de la elección presidencial y la capacidad de las instituciones políticas para defender el estado democrático y de derecho.
La trascendencia de este dictamen lo hicieron, desde mi punto de vista, uno de los documentos más relevantes de nuestro actual sistema electoral y democrático en la historia reciente del país, no sólo porque representa la validación de una de las elecciones presidenciales más polémicas, sino por el uso de una serie de argumentos que se emplearon para legitimarla.
